la Justicia confirmó el reclamo de un puñado de sociedades rurales

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las entidades solicitó que declare la inconstitucionalidad del impuesto así como cualquier disposición normativa en la que pretenda sustentar este reclamo tributarioy condena a César con su cobro, instruyendo en el mismo sentido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que lo haga con su denuncia y percepción.

Consideró en sus presentaciones que desde el 1 de enero, No se pueden imponer retenciones a los hijos porque no hay restricciones en la economía de emergencia en 2019 del Congreso de la Nación no mejorado el último presupuesto 2022 que incluía, entre otros puntosuna proclamación de una facultad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

Al comienzo de la instancia, El juez Carlos Arturo Ochoa rechazó la planta considerar que en el caso no presentaba los requisitos para tratar el caso como un proceso colectivodado que la Sociedad Rural de Río Cuarto no alegó legitimidad para sustentar la denuncia judicial.

Ahora Sala A de la Sala, integrada por Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi, los argumentos sobre el amparo colectivo planteado no detallan adecuadamente el conjunto de perjudicados por la medida o el colectivo involucradosegún el artículo publicado en el sitio Palabras de la Ley.

el camarógrafo Vélez Funes expresar que “Asil en exceso contra el universo y situaciones de los productores que el actor dice representar, esto es todo ‘(…) los productores rurales de toda la República Argentina (…)’ a través de una pretendida acción colectiva”.

Además, expresó que nada puede probarse que los dictados de la norma AFIP hubieran afectado de la misma manera a todos los sujetos que integran el colectivo (productores agropecuarios) que dice representarporque “ora ana asil tener por corroborada con una certeza concreta y minima, la existencia de efectos comunes que, conforme la doctrina sentada en el precedente ‘Halabi'”.

Con una resolución de 30 páginas, los jueces también cuestionaron los estatus asociados a las entidades de los que no se suscite que el Presidente o el Secretario puedan iniciar acciones judiciales sin el previo y formal consentimiento o autorización de sus asociados para sus propios intereses particulares, documentos que no fueron agregados al caso.

El recurso debe ser confirmado (por las entidades), a fin de no encontrar legitimada la asociación de actores para actuar colectivamente, cuestionando la cobertura de los derechos de exportación objeto del Litigio”, finalizó la resolución.

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